Aprobada la reforma de la Ley de Morosidad

23/03/2010

Se ha fijado un periodo de adaptación hasta 2013

A la espera de que el Senado ratifique la votación del Congreso de los Diputados por la cual se ha aprobado la Proposición de Ley presentada por CiU para la modificación de la Ley 3/2004, que permitirá a las empresas cobrar con mayor prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.

Según la nueva norma, el plazo máximo de pago para las empresas queda establecido en 60 días y en 30 días para las empresas públicas a partir de 2013, aunque estos objetivos se alcanzarán de forma escalonada en los próximos tres años.

Se ha fijado un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, que se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para 2010, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 a partir del 1 de enero de 2013.
Respecto a las empresas privadas, a excepción del sector de la alimentación y los productos perecederos (obligados a pagar en 30 días en todos los casos), su periodo de transición se extiende también hasta 2013, aunque desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo máximo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días a partir del siguiente año.

Se espera que con esta reforma se inyecten en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

Si, además, el sector público pagase a tiempo -ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería- se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, apunta la consultora líder en Europa en gestión de crédito, Intrum Justitia (IJ).

También destaca la declaración como nula de todas las cláusulas de los contratas que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como “abusivas”. Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como de un observatorio de morosidad dependiente del ministerio de Industria.

Respecto a la eliminación de la cláusula “salvo pacto entre las partes” en todas las operaciones comerciales, fuentes de la PMCM han señalado que con ello se consigue “que no haya ninguna empresa que pueda verse perjudicada por esta condición”, de manera que las empresas podrán luchar contra la morosidad y conseguir más liquidez, ayudándolas así a sobrevivir en el contexto económico actual.