- Este artículo ha sido escrito por Dña. Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para el Anuario 2021 de AEDED.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición supuso un punto de inflexión en la gestión de los residuos de construcción y demolición en España. La publicación de este real decreto, en plena expansión del sector de la construcción, sentaba las bases para una adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), en un momento en el que se generaban en nuestro país del orden de 40 millones de toneladas de RCD cada año. Este real decreto apostaba por la separación en origen de los RCD para obtener de ellos áridos reciclados, válidos para su uso de nuevo en actividades de construcción, las bases de la circularización del sector.
Posteriormente, la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados incluyó un objetivo de valorización (preparación para la reutilización, reciclado y otra valorización) para los RCD del 70% a alcanzar en 2020, excluyendo del objetivo a los materiales limpios de excavación.
Sin embargo, las expectativas que generó el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, no han sido plenamente alcanzadas. Ha mejorado notablemente la gestión de los RCD en general, pero el proceso de reincorporación de los áridos reciclados en las actividades de construcción sigue siendo una asignatura pendiente.
Los años en vigor de este real decreto nos han permitido identificar carencias en el modelo de gestión de RCD, que dificultan la transición hacia la economía circular en el sector. La falta de separación en origen de las principales fracciones valorizables dificulta y encarece la gestión posterior, haciendo que el material resultante no sea competitivo ni en calidad ni en precio con los materiales naturales.
En el ámbito europeo, el sector de la construcción ha sido declarado como un sector prioritario en los planes de acción lanzados por la Comisión Europea en materia de economía Circular, dado que es un sector que genera importantes cantidades de residuos, pero que también es un gran consumidor de materias primas.
De la misma manera, la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, también identifica como sector prioritario en España para mejorar su comportamiento hacia pautas más circulares. En consecuencia, el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, que se aprobará en las próximas semanas, y la futura ley de residuos y suelos contaminados remitida a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, incorporan medidas que permitan avanzar en ello, entre ellas la obligación de separación de materiales desde 2022 y la demolición selectiva desde 2024. Una vez aprobada se revisará el Real Decreto para su actualización conforme a ella. En conclusión, los nuevos retos para el sector están encima de la mesa: Deconstrucción en lugar de demolición, y separación en origen, y no podemos permitirnos desaprovechar las nuevas oportunidades que se nos brindan para hacer efectivo un uso más eficiente de los recursos disponibles y tener un sector circular y competitivo.