Gestión integral de residuos de construcción y demolición

6/06/2015

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La gestión de residuos de construcción y demolición se reguló con el Real Decreto 105/2008, al que complementa la normativa regional y el nuevo plan estatal de gestión de residuos.

Es muy importante que exista un marco normativo claro, puesto que permite que las actuaciones con residuos sean medioambientalmente correctas y exigibles a todos por igual.

Las empresas especializadas en demolición realizan una importante labor en este campo, puesto que su trabajo no se limita al abatimiento propiamente dicho de las construcciones (edificaciones o estructuras), sino que incluye el acondicionamiento, tratamientos previos y, en muchas ocasiones, también el traslado al gestor final de los diferentes tipos de residuos generados en la obra.

Esta labor de gestión integral de los residuos es otro signo que distingue a las empresas especializadas en demolición.

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Una de las novedades que aportó el Real Decreto 105/2008, es la obligación del productor de “incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos”.

Al mismo tiempo, recoge que “la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra”.

Este modelo de estudio y plan de gestión de residuos, a semejanza del estudio y plan de seguridad y salud, es ahora en obligatorio para todas las obras con licencia, ayudando en gran medida a mejorar la gestión medioambiental en el sector de la construcción.

El marco normativo, nacional y regional, para la gestión de residuos establece también unas cantidades a partir de las cuales es obligatorio separar los residuos.

Esto lleva consigo la necesidad de adaptar los procesos de demolición, y los métodos empleados, a cada proyecto, de modo que puedan cumplirse las exigencias establecidas para la separación.

Al mismo tiempo, el control de los flujos de residuos se podrá mejorar considerablemente, gracias al establecimiento de fianzas por parte de los ayuntamientos, según lo previsto en la normativa.

 

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